Veracruz figura en revisión de contratos electorales en 17 estados

Xalapa, Ver.– Una investigación periodística identificó contratos por aproximadamente mil 803 millones de pesos otorgados a empresas proveedoras de materiales electorales en 17 estados del país, entre ellos Veracruz, en medio de las revisiones por presuntas irregularidades en procesos de contratación.

El trabajo, publicado por Excélsior, documenta operaciones de compañías que suministraron urnas, mamparas, documentación y otros insumos a organismos públicos locales electorales (OPLE).

Entre los casos señalados aparece Cajas Graf, empresa que obtuvo del OPLE Veracruz un contrato por más de 141.7 millones de pesos durante 2018.

La información surge mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisa expedientes relacionados con proveedores electorales. No obstante, la existencia de contratos con esas compañías no acredita, por sí misma, corrupción, sobreprecios ni conflictos de interés.

Contratos electorales en 17 entidades

De acuerdo con la investigación de Excélsior, las empresas identificadas acumularon contrataciones por mil 803 millones 80 mil pesos en organismos electorales estatales.

Uno de los principales proveedores mencionados es Formas Finas y Materiales, al que el reportaje atribuye al menos 15 contratos en 11 institutos electorales locales, con un monto superior a 540 millones de pesos.

Otra de las compañías es Cajas Graf, que, según el mismo trabajo, reunió al menos 22 contratos en 13 organismos locales, por aproximadamente 586.3 millones de pesos.

También se mencionan operaciones de Corporativo Zeg en Nayarit y de Litho Formas en Quintana Roo, así como la participación de otras empresas dedicadas a producir documentación y materiales para las jornadas electorales.

Los señalamientos sobre posibles conflictos de interés y simulación de competencia forman parte de las investigaciones y reportes citados por el medio. Corresponderá a las autoridades competentes establecer si existieron conductas irregulares.

Veracruz: identifican contrato de Cajas Graf de 2018

En el caso de Veracruz, la investigación nacional destaca una contratación por aproximadamente 141.77 millones de pesos relacionada con el suministro de material electoral.

El antecedente corresponde al contrato 1/LPN/OPLEV-401A02-001/2018, celebrado con Cajas Graf.

De acuerdo con documentos contractuales descritos en investigaciones periodísticas previas, el monto total fue de 141 millones 775 mil 200 pesos, incluido el Impuesto al Valor Agregado.

La contratación se realizó mediante licitación pública durante 2018, por lo que no corresponde a una adjudicación efectuada en el actual proceso electoral.

Este antecedente cobra relevancia porque la ASF ha solicitado información histórica sobre distintas empresas proveedoras de los organismos electorales.

La revisión busca conocer las condiciones de las contrataciones, los procedimientos de adjudicación y la documentación que respalda las decisiones administrativas.

OPLE Veracruz confirma requerimiento de la ASF

La presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales, confirmó previamente que el organismo recibió un requerimiento de la Auditoría Superior de la Federación relacionado con expedientes de contratación de empresas mencionadas en las investigaciones.

La funcionaria explicó que la solicitud comprende documentación de ejercicios anteriores, incluidas convocatorias, propuestas de proveedores, actas de comités y antecedentes de los procedimientos de adquisición.

También sostuvo que las empresas incluidas en ese requerimiento no han recibido contratos durante su gestión al frente del organismo electoral.

Delgadillo Morales indicó que las cuentas públicas de 2023 y 2024 no tienen observaciones pendientes, mientras que la revisión correspondiente a 2025 continúa en proceso.

Estas declaraciones representan la posición pública del OPLE ante las investigaciones y deberán contrastarse con los resultados que emitan las autoridades fiscalizadoras.

Falta determinar si existieron irregularidades

La investigación abre nuevas preguntas sobre la concentración de proveedores en el mercado de materiales electorales y las condiciones en que se asignaron contratos a empresas que participan en distintos estados.

Sin embargo, los montos reportados representan contrataciones acumuladas, no recursos cuya utilización indebida haya sido demostrada.

Para determinar responsabilidades será necesario revisar los expedientes de cada procedimiento, identificar las empresas participantes, comparar las propuestas económicas y establecer si se cumplieron las disposiciones aplicables.

En Veracruz, el seguimiento de la ASF permitirá conocer si los contratos históricos del OPLE presentan observaciones y si existen elementos para iniciar procedimientos administrativos.

Hasta que se conozcan conclusiones oficiales, las posibles irregularidades deben mantenerse como señalamientos bajo investigación, sin atribuir responsabilidades como hechos comprobados.