Comisiones del Senado avalan reforma sobre nacionalidad exclusiva para cargos ejecutivos

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera del Senado avanzaron este 23 de septiembre con la reforma constitucional que busca establecer la nacionalidad mexicana exclusiva como requisito para ocupar los principales cargos ejecutivos del país.

El dictamen plantea modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con el proyecto legislativo, las personas que cuenten con otra nacionalidad tendrían que renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas. La propuesta también establece que, durante el ejercicio del cargo, no podrían solicitar, adquirir o recuperar otra nacionalidad ni hacer valer ante autoridades extranjeras derechos derivados de una ciudadanía distinta a la mexicana.

Entre las restricciones contempladas se encuentran además el uso de pasaportes o documentos de identidad extranjeros para hacer valer otra nacionalidad, el ejercicio de derechos políticos vinculados a otro país y la posibilidad de acogerse a protección diplomática de un Estado distinto a México.

La minuta llegó al Senado después de que la Cámara de Diputados la aprobara el 22 de septiembre. El registro oficial de la sesión reporta 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención en la votación de los artículos reservados, tras lo cual el proyecto fue enviado a la Cámara alta para continuar su trámite constitucional.

La reforma todavía no está vigente

El aval de las comisiones del Senado representa un avance legislativo, pero no significa que la Constitución ya haya sido modificada.

El dictamen deberá pasar al Pleno del Senado, donde una reforma constitucional requiere el respaldo de las dos terceras partes de las personas legisladoras presentes. Posteriormente, deberá ser aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México antes de que pueda emitirse la declaratoria constitucional correspondiente.